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Imagen: difusión. 

“Estamos ante una errónea interpretación del artículo 40 de la Convención. En este se precisa que los Estados deben establecer una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales”, dijo el representante de UNICEF Perú, Javier Álvarez.

Enfatizó que la edad máxima ya está fijada por la mayoría de edad que es 18 años como lo señalan tanto la Convención como la Constitución peruana. “En cuanto a la potestad de los Estados de fijar la edad mínima es oportuno aclarar que Perú ya la fijó en 14 años”, resaltó el Representante de UNICEF.

En Perú todos los adolescentes desde los 14 años sí son imputables y enfrentan las consecuencias que corresponden si comenten una infracción penal, pero tienen derecho a recibir un trato acorde a las reglas de la justicia penal juvenil. Tienen una imputabilidad y culpabilidad disminuida por su condición de adolescentes, y un tratamiento punitivo diferenciado, pero en ningún caso quedan impunes.

“En UNICEF estamos convencidos que las medidas de prevención son siempre el mejor camino, aseguremos a todos los niños, niñas y adolescentes todos sus derechos y castiguemos contundentemente a quienes se aprovechan de sus vulnerabilidades. Juzgar a los adolescentes como si fueran adultos solo generará una falsa y fugaz sensación de seguridad a costa de negarles a chicos y chicas la oportunidad de reinserción social”, sentenció.

En el marco de este análisis la Dra. Carmen Lagos, especialista en psiquiatría del niño y adolescente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, recordó que la neurociencia ya ha demostrado que se alcanza la madurez hacia los 20 años y que los adolescentes se adaptan rápidamente al entorno, por lo que hay que tener especial cuidado de no aplicarle sanciones como si fueran adultos, ni permitir que compartan internamiento con adultos que podrían influir negativamente en ellos y potenciar conductas delictivas.

Alejandro Morlachetti, especialista en protección de UNICEF Argentina, comentó que en América Latina ningún país ha optado por aplicar sanciones de adultos a los adolescentes. Recordó que la privación de libertad como única opción no es eficiente, que tiene un alto costo fiscal para los Estados y una muy alta tasa de reincidencia, por lo que recomendó reforzar las estrategias socioeducativas.

De acuerdo con los datos estadísticos del Ministerio Público, la participación de adolescentes en la criminalidad total del país para el 2023 representó el 1.5% y 98.5% para adultos.Lo que significa que solo 1 de cada 100 personas denunciadas por cometer delitos tiene menos de 18 años.